"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
CERMIS Autonómicos
CERMI Andalucía presenta a Ciudadanos una serie de aportaciones al proyecto de Ley de Servicios Sociales
19/02/2016
Los responsables de CERMI Andalucía mantuvieron una reunión con la diputada de Ciudadanos Carmen Prieto Bonilla, para exponer a su grupo político la valoración y una serie de aportaciones de la entidad sobre el proyecto de Ley de Servicios Sociales del Ejecutivo andaluz.
Para CERMI Andalucía, el proyecto de Ley de Servicios Sociales de la Comunidad tiene especial relevancia por las materias que regula, como son la figura del concierto social, el Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales de Andalucía, el Mapa de Servicios Sociales, la Formulación del Plan estratégico de Servicios Sociales de la comunidad autónoma, y del Decreto de Autorización y Registro de Entidades, Centros y Servicios, entre otros.
Algunas de las aportaciones que realiza la entidad son: la petición de que se garantice a los Servicios Sociales la misma protección jurídica, como derecho fundamental, que tienen la Educación y la Salud; la garantía de que las prestaciones garantizadas como derecho subjetivo, exigible y de provisión obligatoria por la Administración no pueden estar supeditadas a la asignación de recursos, a la situación económica o al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria; el fortalecimiento del apoyo a las entidades sin ánimo de lucro en la regulación del concierto social y la petición de que CERMI Andalucía forme parte del futuro Consejo de Participación en materia de Servicios Sociales.
Respecto al Mapa de Servicios Sociales y a la elaboración del Plan estratégico de Servicios Sociales, CERMI Andalucía considera necesaria la inclusión de un II Plan de Concertación de servicios residenciales y de día, con criterios de territorialidad y tipología de discapacidades; la regulación de la prestación de asistente personal, el desarrollo del catálogo de prestaciones personas valorados con el Grado I de dependencia, actualizar las prestaciones de personas con discapacidad no valoradas con grado de dependencia y flexibilizar los servicios del catálogo de servicios de la Ley de la Dependencia para incluir servicios más inclusivos.